Lima, 9 de Septiembre de 2013
Señor Juan Jiménez Mayor
Presidente del Consejo de Ministros
Gobierno del Perú
Lima
Señor Primer Ministro
Hemos aceptado su invitación, convencidos
de que el diálogo es una herramienta fundamental para consolidar la democracia,
para plantearle al gobierno que Ud. representa, y al país que nos observa,
nuestras propuestas para enfrentar el nuevo escenario económico internacional y
nacional y superar la negativa herencia económica y política que 23 años de
continuismo neoliberal primario exportador.
En relación con los temas materia de la
convocatoria a este diálogo, como son el crecimiento económico, la pobreza y la
inseguridad, planteamos:
I.
La
necesidad de una reactivación económica que priorice la inversión tanto pública
como privada, en el marco de una estrategia de diversificación económica para
el desarrollo integral con generación de empleo decente productivo y de valor
agregado, protegiendo y ampliando los derechos laborales y fortaleciendo el
cuidado del medio ambiente y nuestro patrimonio cultural.
Compartimos la preocupación por la desaceleración económica en un escenario mundial
adverso, con un déficit comercial creciente, pérdida de empleos y recortes
presupuestales abruptos e inequitativos para las regiones y municipios. Al respecto, en el Frente Amplio creemos que
se debe enfrentar esta caída en demanda externa con programas de
diversificación productiva y reactivación del mercado interno, mejorando el
ingreso y empleo de la gente pero evitando presiones inflacionarias adversas.
Proponemos
la implementación de programas para sectores clave descuidados por el modelo
económico primario-exportador, como la pequeña y mediana industria urbana, y el
sector rural de la agricultura familiar orientada al mercado interno y al fortalecimiento de los
mercados locales y regionales, para generar empleo y reducir la pobreza
estructural.
Algunas
medidas concretas:
a) Potenciar el rol de Banca
de desarrollo de los bancos públicos para promover la actividad productiva, en
particular para la pequeña y mediana industria como la ubicada en Gamarra y
ciudades del interior; inyección de 500 millones de soles a AGROBANCO para
capitalizar la agricultura familiar, especialmente en la sierra.
b) Creación de Centros de
Innovación tecnológica en las regiones del país, involucrando en ellos a las
universidades, el sector privado y las autoridades regionales y locales’
c) Implementación de un
programa de vivienda popular por 500 millones de soles para los sectores más
pobres de las ciudades medias y grandes
d) Creación del Consejo
Económico-Social con participación del sector Público, Empresarios y
Trabajadores para concertar políticas y propuestas de desarrollo en Lima y
regiones.
e) Derogar el aporte
compulsivo de trabajadores independientes a las AFPs, así como una necesaria
reforma previsional;
f) Restitución plena de los
derechos laborales en la ley del servicio público;
g) Balancear la propuesta
centralista de Presupuesto 2014 que incrementa el gasto del gobierno central
pero disminuye el gasto de las regiones y municipios;
h) Compensación a regiones
que no tienen canon y financiamiento a las regiones afectadas por su abrupta
disminución;
i) Fortalecimiento de
PETROPERU con la modernización de la
refinería de Talara y recuperación de lotes; financiamiento del Gaseoducto del
Sur y el desarrollo de Petroquímica.
j) Fortalecer y ampliar el
movimiento cooperativo
k) Comprar productos a los
agricultores para los programas sociales, especialmente Qali Warma.
l) Implementar una
institucionalidad y políticas de protección de los pueblos en aislamiento
voluntario.
m) Recuperar la capacidad
planificadora, reguladora y promotora del desarrollo del Estado.
Señor Primer Ministro, en el Frente
Amplio creemos que el cambio del Ministro de Economía y Fianzas facilitará las
medidas que nuestra economía tanto necesita en este momento crítico.
II.
La
necesidad de una estrategia de seguridad ciudadana que parta del liderazgo del
Gobierno Nacional con una auténtica y profunda reforma y modernización de la
policía, y que articule la labor policial con la participación de la sociedad y
los gobiernos regionales
y locales, en el marco de una política global para el adecuado combate al
crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y las bandas delincuenciales,
eficaz y a la vez respetuosa de los derechos humanos.
Concebimos
la seguridad ciudadana como una política pública integral, intersectorial y
participativa verdaderamente eficaz a través de la cual los hombres y las mujeres puedan desarrollar sus actividades
familiares, productivas, sociales y desplazarse
en el país sin riesgo para su vida e integridad física construyéndose una cultura de paz que tenga
como eje la educación ciudadana para la convivencia. Ello supone, además del
liderazgo del Gobierno Nacional, la coordinación permanente entre los gobiernos
locales y la policía, trabajando por un
desarrollo urbano inclusivo, el enfrentamiento del deterioro de las ciudades,
la reforma policial para la optimización y moralización de su trabajo, la evaluación periódica de las
Comisarías por la ciudadanía, la elaboración de mapas de criminalidad que
ubiquen las zonas de riesgo y las áreas de delincuencia para desarrollar
políticas de control y de prevención
buscando el descenso de la tasa
de homicidios, las muertes por accidentes de tránsito, la influencia de
factores de riesgo como la venta
indiscriminada de armas, alcohol, droga; la violencia urbana e intrafamiliar,
el incremento del feminicidio y la mayor victimización de los sectores
vulnerables.
Los
Comités de Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales deben trabajar con una
Policía Comunitaria que asumiendo su
rol de servicio local enfrente con
eficiencia la delincuencia habitual.
Esta
manera de concebir la seguridad ciudadana nos aleja del llamado populismo penal
que con el afán de producir impacto público y buscando legitimación
coyuntural propone el incremento generalizado de la pena
privativa de libertad y la anulación de los beneficios penitenciarios sin advertir que lo más importante a
desarrollar en una política de combate a la
criminalidad es el tratamiento de los infractores primarios y de los sectores
juveniles en riesgo aplicando políticas de articulación productiva, de
educación sexual y contra la adicción a la droga.
En
el caso de la criminalidad organizada sostenemos que debe implementarse una
adecuada coordinación de la policía especializada – fortalecida en
inteligencia, tecnología y capacidad operativa - y de la autoridad
penitenciaria para hacer un seguimiento eficaz de las bandas organizadas de
criminalidad, vinculadas al narcotráfico, el terrorismo. el asalto y robo, al
secuestro y la extorsión, así como la actuación de un sistema judicial eficaz y
oportuno, libre de mecanismos de corrupción. Coherente con ello sostenemos la
necesidad de la aplicación en todo el país del nuevo Código procesal penal.
La
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es fundamental. Somos los primeros
productores mundiales de coca y de PBC. El tráfico de drogas es el segundo
delito cometido en el país y es evidente que el narcotráfico acarrea el
incremento de la delincuencia, corrupción, el sicariato y la inseguridad. Es
necesario centrar la actuación del Estado hacia la detección, persecución y
decomiso de los bienes que proceden del tráfico de drogas, insumos químicos y
lavado de activos. Hay que revisar la acción del Estado en el VRAEM trabajando
en procesos intensivos de remplazo de cultivos de coca y desarrollando políticas laborales para
impedir el involucramiento de mochileros, “burriers” y micro comercializadores.
Es indispensable controlar los circuitos de desplazamiento del
narcotráfico enfrentando los riesgos de corrupción. Hay que apoyar las
Procuradurías del Estado antidrogas y lavado de activos, así como optimizar la
Unidad de Inteligencia Financiera haciéndola un organismo autónomo y eficaz.
III.
Pero
también estamos convencidos, Señor Premier, que tenemos que dar respuesta a una
agenda mayor que es tan urgente como la económica. Desde esta perspectiva, le
proponemos al gobierno que usted representa y al país, la necesidad de debatir
lo siguiente:
ü La
necesidad de una reforma política que enfrente la corrupción desde la raíz, que
combata la impunidad y mejore la calidad de la representación.
Respaldamos la labor que vienen cumpliendo la
Procuraduría anticorrupción y la Mega Comisión en el Congreso. Demandamos que
las investigaciones en curso en el Ministerio
Público sean llevadas a cabo imparcial y exhaustivamente, sin reparos porque
puedan involucrar a ex – presidentes, alcaldes o congresistas. Los delitos de
corrupción deben ser imprescriptibles y acarrear la “muerte civil” de los
responsables.
La reforma política inmediata que
proponemos debe incluir: la eliminación de las firmas y el reemplazo por
comités para el reconocimiento de los partidos, la obligación a las
agrupaciones políticas de primarias abiertas para la elección a candidatos, la
garantía del financiamiento efectivo a los partidos inscritos, el uso gratuito
de los medios del Estado en todo momento y de los medios privados en época
electoral, la eliminación del voto preferencial, la renovación por mitades del
Congreso y la Bicameralidad; y, como parte de la Reforma Política y Electoral,
la aprobación de leyes que promuevan la participación y la igualdad de la
mujer.
ü La necesidad de
un proceso político y participativo que culmine en la aprobación de una Nueva
Constitución que exprese un acuerdo entre los peruanos y las peruanas, distinto
al continuismo neoliberal. La
Constitución de 1993 está viciada de origen y es nula de pleno derecho. Los
puntos a cambiar también son claros: la restitución de los derechos
fundamentales integrales e indivisibles: civiles, incluidos los sexuales y
reproductivos, políticos,
económicos, sociales, sexuales y culturales; el capítulo económico para ir del
sectarismo neoliberal a la pluralidad democrática, el control efectivo de un
Congreso bicameral al Poder Ejecutivo, el regreso de las instituciones sociales eliminadas, el
rediseño de la descentralización política que nos lleve a macro regiones sustentables y la inclusión de los derechos
culturales que reconozca las prerrogativas de los pueblos originarios.
ü La necesidad de
profundizar el proceso de descentralización político y administrativo y el
inicio de la descentralización fiscal, evitando que la crisis caiga sobre los
gobiernos regionales y locales, compensando para este año la caída de los recursos del
canon y sosteniendo para el 2014 los recursos asignados en la Ley del
Presupuesto 2013 con
especial atención a los pequeños municipios rurales que no poseen capacidad de
generar recursos propios.
Incremento de los
recursos de inversión para las regiones, provincias y distritos en el
Presupuesto General 2014 en el marco de una política contra cíclica frente a la
crisis, rechazando la centralización de los recursos de inversión y a los
recortes presupuestales propuestos por el MEF en su propuesta 2014. Reorientar
el presupuesto 2014 con participación de los gobiernos descentralizados.
Implementación de la
descentralización fiscal sobre la base de los acuerdos ya logrados por la PCM y
el MEF, con los gobiernos regionales y locales. Esta política debe ser parte de
un nuevo pacto distributivo entre los peruanos y las peruanas sobre la base de
reglas consensuadas y previsibles, que tome como puntos de partida (i) las
responsabilidades de gasto que tienen los gobiernos descentralizados para
cumplir con las funciones transferidas; (ii) las propuestas presentadas el 2010
por la Comisión Multisectorial a la PCM; (iii) construcción progresiva de un
modelo de coparticipación tributaria a partir de la propuesta de la ANGR; iv)
la transparencia, predictibilidad y equidad en la asignación de recursos
transferidos; v) costear las funciones y servicios de cada nivel de gobierno.
Participación plena de
los Gobiernos Regionales (ANGR) y Gobiernos Locales (REMURPE y AMPE) en el
diálogo para el relanzamiento de la descentralización en un plazo de 120 días.
ü La necesidad de aprobar la Ley General del
Trabajo para que se garantice la organización sindical, la
negociación colectiva y el derecho de huelga, aumentando el salario mínimo, así
como el incremento a maestros,
policías, trabajadores de salud, empleados públicos y reformando la Ley
del Servicio Civil de manera tal que no se afecte los derechos de los
trabajadores y se promueva
la generación de empleo digno y productivo.
Derogatoria
de las leyes que crean los regímenes especiales, vulnerando derechos fundamentales
de los trabajadores y generando discriminación laboral (Textil, Agroindustrias,
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y Mypes). Devolución de los aportes al
FONAVI.
ü La necesidad de fortalecer
inmediata y decididamente la institucionalidad estatal para los pueblos
indígenas y reformar la Ley de Consulta Previa y su Reglamento
para que la opinión de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos,
efectivamente influya en la decisión sobre los proyectos extractivos.
El
Gobierno debe promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad
cultural como característica y riqueza esencial de nuestro país. Debe luchar
contra el racismo, la discriminación y la asimilación cultural forzada. Debe
construir e implementar con participación de los Pueblos Indígenas políticas de
educación y salud intercultural y ampliar su cobertura en las comunidades
indígenas.
El
Gobierno debe implementar una política de reconocimiento y titulación de territorios
y de las solicitudes de ampliación con enfoque intercultural y garantizar el
derecho de propiedad de las comunidades indígenas.[1]
El
Gobierno debe ratificar públicamente su compromiso con el Convenio 169 OIT, la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, y debe comprometerse a promover la modificación de la Ley de Consulta Previa convocando a las
fuerzas políticas con presencia en el Congreso para adecuarla al Convenio 169
OIT consultando a los Pueblos Indígenas dicha modificación, así como a promover
la implementación de la Consulta Previa en el Poder Legislativo.
El
Ministerio de Cultura debe hacer pública la Base de Datos de Pueblos Indígenas,
incluyendo a las poblaciones Amazónicas, Andinas y Costeñas que cubran las
características planteadas por el Convenio 169 OIT. Si bien esta Base de datos
NO es constitutiva de derechos su publicación expresará una voluntad de parte
del Gobierno de reconocer a quienes corresponde como sujetos de derecho a
Consulta Previa, eliminando las restricciones planteadas en la metodología de
construcción de dicha Base.
El Gobierno debe promover la implementación de
la Consulta Previa en todo sus Sectores, Gobiernos Regionales y Locales.
El Gobierno debe promover la adecuación al
Convenio 169 OIT y demás instrumentos internacionales de la legislación en
materia de actividades extractivas y someter a proceso de Consulta Previa a las
concesiones y proyectos extractivos que afecten Pueblos Indígenas así como a
sus instrumentos de gestión ambiental y otras autorizaciones que se hallen en
fase inicial de otorgamiento o pendientes de aprobación. Deberá reconocerse la
obligación del Estado de obtener el consentimiento en aquellos casos en los que
la implementación de la medida ponga en peligro la sobrevivencia de los Pueblos
Indígenas afectados.
El Gobierno debe someter a proceso de Consulta
Previa las medidas de reparación, compensación e indemnización a las
comunidades afectadas por proyectos extractivos que los hubieran afectado. Cumplirá
con remediar los pasivos ambientales ocasionados por actividades extractivas en
territorios de los Pueblos Indígenas, indemnizando en aquellos casos en los que
no sea posible la reparación. Asimismo, deberá pagar las servidumbres mineras y
petroleras impagas, por disponer de los territorios de los Pueblos Indígenas y,
finalmente, deberá respetar y concretar el derecho de los Pueblos Indígenas a
beneficiarse de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
ü La necesidad de fortalecer la institucionalidad
ambiental con la adecuada evaluación de los estudios de impacto
ambiental, el respeto a los estándares ambientales y la afirmación de la
actividad evaluadora y fiscalizadora.
Proteger la Amazonia, las cabeceras de cuenca y los páramos altoandinos,
los cursos de agua, los bosques secos y el mar peruano.
Remediación prioritaria de los
pasivos ambientales e inclusión del cambio climático como un tema central en las políticas y planes de todos los
sectores. Cero plazos a la minería informal
e ilegal que arrasan con el bosque amazónico y contaminan los ríos, cierre
inmediato de esas actividades con retiro de dragas y similares generando
alternativas de empleo para los trabajadores en esas actividades, denunciando a
los promotores de las mismas. Protección inmediata de niños, niñas y
adolescentes que laboran en peores condiciones y a la trata de personas en la
minería informal e ilegal.
Ratificar públicamente el compromiso
con la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos naturales
renovables y nuestra diversidad.
Fortalecer y ampliar Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas con la participación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos
Municipales y las Comunidades.
Aprobar
una Ley de Ordenamiento Territorial, a fin de establecer de manera consensuada
y ordenada el uso y ocupación del territorio, evitando buena parte de los
conflictos socio- ambientales que hoy existen.
ü La necesidad de una Reforma
Educativa integral, democrática y descentralizada; recuperación de
la Educación Pública, Universal, Gratuita y de Calidad con no menos del
6% del PBI de presupuesto.
Educación
básica con jornada escolar completa, currícula reformada y transformadora,
programas de infraestructura, alimentación y salud permanentes. Asimismo una
política que reivindique a las maestras y maestros, en sus derechos
profesionales, salariales y pensionarios.
ü La
necesidad de aprobar una Ley Universitaria que democratice y promueva la
calidad de la educación superior con un organismo regulador que surja de las
propias universidades y no sea impuesto por el gobierno de turno. Autonomía
Universitaria con Rendición de cuentas en universidades, públicas y privadas, para
combatir la corrupción, la mediocridad y la mercantilización. Respeto a los
derechos de los estudiantes, docentes y trabajadores.
Derogatoria
del DL 882 que alienta la conversión de la Educación en negocio y de la Ley
29944, mal llamada “Reforma Magisterial”.
ü La
necesidad de una Reforma del Sector
Salud que garantice el derecho a la salud integral, con calidad, seguridad y
dignidad construyendo un Sistema Nacional de Salud integrado, descentralizado,
participatorio y financiado hacia la universalización de la seguridad social en
salud.
La salud de todos los peruanos será
expresión y condición de un desarrollo económico y social equitativo,
sostenible e inclusivo, cuya razón de ser es la persona humana. Para esto la
salud será considerada como una política de Estado que atienda los
determinantes sociales de la salud y organice la respuesta social para su
atención
La salud es un derecho humano
fundamental y el Estado es el garante del acceso universal a la atención de
salud para la población, en condiciones de calidad, seguridad y dignidad,
eliminando las barreras de acceso geográficas, económicas, de género y
culturales, sin ningún tipo de discriminación.
La salud es una política pública
nacional y compartida con los niveles de gobierno, regionales y locales. El
Ministerio de Salud es el organismo de Gobierno y Rector nacional de la
política de salud y es la Autoridad Sanitaria nacional.
El Perú
tendrá un Sistema Nacional de Salud integrado, descentralizado, participativo y
financiado.
El sistema cuenta con la rectoría estratégica del Ministerio de Salud; su
financiamiento es mixto con recursos del tesoro público y de los aportes a la
seguridad social, que se administrarán con cuentas separadas respetando
escrupulosamente la intangibilidad de los recursos del Seguro Social en Salud
(EsSALUD); se organiza progresivamente en redes públicas mixtas (MINSA –
EsSALUD) que, integradas operativamente no estructuralmente, busquen economías
de escala, mayor eficiencia, calidad y seguridad.
El Sistema de Salud promueve la
participación del Sector Privado en las
prestaciones de Salud con carácter complementario.
El Sistema Nacional de Salud tiene la
más amplia participación social canalizada a través del Congreso Nacional, Congresos
Regionales y Congresos Locales de Salud, así como dispone de mecanismos
vinculantes de toma de decisiones con la participación tripartita de
autoridades de salud, profesionales de salud y organizaciones de pacientes y de
la sociedad civil.
El personal de salud será revalorado,
trabajo digno para todos, se eliminarán todas las formas de precarización del
empleo, que incluye la eliminación de los contratos CAS y el nombramiento
progresivo del personal de salud contratado. El personal de salud se distribuirá
equitativamente y se garantizará su presencia en todo el territorio nacional,
con beneficios para los que trabajen en zonas de menor desarrollo y de
frontera. Se desarrollarán programas de educación permanente en salud para todo
el personal para mejorar el desempeño basado en competencias y se implementará
un régimen basado en el reconocimiento de los méritos.
La política de RRHH y de
remuneraciones de los trabajadores del sector público nacional es única y se
gestiona por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Se mejorará y ampliará la
infraestructura y equipamiento de todos los establecimientos de salud, en base
a la categorización y necesidades de salud de la población. Se construirán
nuevos establecimientos de salud para garantizar la cobertura universal. Se
dotarán los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y permanente
de los equipos de salud. Se promoverá la acreditación de los establecimientos
públicos y privados de salud.
Se garantizará acceso universal a los
medicamentos genéricos de calidad. La política de medicamentos asegurará la
disponibilidad, el abastecimiento, la comercialización y la utilización
racional de medicamentos. Control de calidad de medicamentos, regulación del
mercado farmacéutico colocando a la salud pública por encima de los intereses
comerciales. Revisión y renegociación de los TLC en lo que pudiera limitar el
acceso universal a medicamentos.
Nuestra
propuesta es, fortalecer la atención primaria en salud, como puerta de ingreso
al sistema sanitario, promoviendo la equidad en el acceso con calidad,
mejorando las condiciones de salud de la población. Sobre la organización de
redes integradas de salud, se reconoce que existe discordancia entre la
categorización de los establecimientos de salud y la capacidad resolutiva, pero
esto es consecuencia de un desconocimiento
de la realidad del país y del funcionamiento del sistema de redes, pues
no es lo mismo un establecimiento I-4 que funcione en Lima, con un
establecimiento de similar nivel que funcione en el área rural.
ü La
necesidad de continuar con las reparaciones para las víctimas del conflicto
armado interno.
Aprobar el “Plan
Nacional de Investigaciones Antropológico Forense para la búsqueda,
recuperación e identificación de personas desaparecidas en contextos de graves
violaciones a los Derechos Humanos en el Perú durante los años 1980 a 2000”.
(Hay 15,000 desparecidos y más de 5,000 sitios de entierro identificados y en
10 años solo se han exhumado 2,500).
Implementar una oficina destinada a proveer de defensa legal y asesoría
jurídica gratuitas a las víctimas de derechos humanos y sus familiares, en el
marco de las investigaciones fiscales o judiciales. (Desde septiembre del 2006,
García, militares y policías tienen defensa pagada por el estado, miles de
víctimas, no).
Modificar el Decreto Supremo No.051-2011-PCM, de conformidad con la
propuesta presentada por la CMAN de noviembre de 2011, a fin de respetar el
carácter inclusivo y permanente del Registro Único de Víctimas (RUV), y
homologar el monto de indemnización al recibido por los integrantes de los
Comités de Autodefensa víctimas de terrorismo.
Aprobar la Ley para que el derecho de las víctimas a toda forma de
violencia sexual se reconozca.
Aprobar un fondo Nacional de Reparaciones y/o en su defecto dar un
presupuesto adecuado que permita la correcta implementación del PIR y sus 7
programas (Presupuesto 2012: 140 millones, 2013: sólo 40 millones).
ü
La
necesidad de aprobar la equidad de género y los derechos sexuales y derechos
reproductivos y la diversidad sexual.
Recordemos que somos el país que "lidera" la tasa
de violaciones a mujeres, 40% de mujeres ha sido víctima de violencia física o
sexual por parte de su pareja; que hubo por lo menos 60 feminicidios en lo que
va del 2013 (5 en agosto) y que seguimos ganando 20% menos que los hombres a
igual responsabilidad laboral.
Asimismo,
seguimos
teniendo las peores tasas de mortalidad materna y embarazo adolescente y, sin
embargo, no se cumple, hasta ahora, con aprobar el protocolo de aborto
terapéutico.
Estas son algunas de las razones del porque estamos entre los tres
países con mayor tasa de feminicidios y somos el país con mayor tasa de
denuncias por violación sexual en toda Sudamérica.
Por otro lado, el MEF no cumple con el mandato de contar y evaluar con
indicadores de género los programas presupuestales; ni de reglamentar la Ley
para contabilizar el trabajo doméstico.
Teniendo todo ello, proponemos 5 medidas urgentes para atacar de raíz el
patriarcado y machismo, la desigualdad, la discriminación y violencia contra
las mujeres:
1. Aprobación del Plan Nacional de Derechos
Humanos con pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y los
derechos LGTBI.
2. Aprobación del protocolo nacional de atención
al aborto terapéutico y despenalización del aborto hasta las doce semanas.
3. Mayor inversión y especialización en el magisterio para garantizar
una política de educación sexual que erradique el machismo desde la infancia.
4. Ratificación del Convenio OIT 189 sobre trabajo doméstico, y otros
Convenios similares.
5. Reparaciones integrales para las víctimas de la violencia sexual
durante el conflicto armado interno y las víctimas de las esterilizaciones
forzadas.
El Frente Amplio hace suyas las demandas del movimiento de la diversidad
sexual. El Gobierno debe garantizar plena igualdad mediante (1) un plan nacional
contra la homofobia, (2) la penalización de los crímenes de odio hacia LTGBI,
(3) una ley de identidad de género que reconozca la identidad de las personas
trans y (4) el reconocimiento del matrimonio igualitario entre personas del
mismo sexo.
ü La necesidad de ratificar una política exterior que
defienda nuestra integridad territorial y soberanía, y profundice la
integración regional.
Apoyo a la reivindicación peruana en la Corte Internacional
de Justicia de la Haya en el
contencioso marítimo con la vecina república de Chile.
Ratificar
la voluntad integracionista del
Perú respetando la pluralidad de los proyectos en marcha, para avanzar en la
unidad sudamericana concretando la convergencia de la CAN y el MERCOSUR como la
mejor forma de construir la UNASUR. Nuestro apoyo a la declaración de
Paramaribo, y en particular su decisión de reforzar la Secretaría General a fin
de dotar a la UNASUR de una visión estratégica y garantizar una gestión
efectiva de la marcha del proceso de integración que garantice resultados
concretos a todos los ciudadanos sudamericanos. Asimismo la declaración de
UNASUR sobre el caso Siria que plantea el respeto al derecho internacional y
una solución pacífica.
Solicitamos una franca y abierta
discusión sobre el rol de la Alianza del
Pacífico en el proceso de integración regional y exigimos que las
negociaciones del TPP sean públicas, participativas y transparentes.
ü La
necesidad de un debate nacional sobre el papel de los medios de comunicación en
el proceso de consolidación de la democracia y la defensa de la libertad de
expresión e información.
Atentamente,
Salomón
Lerner Ghitis
[1]
Es preciso recordar que de conformidad con la jurisprudencia vinculante de la
Corte Interamericana, el Estado no puede entregar concesiones sobre territorios
que no han sido titulados.
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FRENTE AMPLIO PIDE LA
RENUNCIA DEL MINISTRO CASTILLA Y UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA Y UNA REFORMA DEMOCRÁTICA
El Frente Amplio que agrupa a
organizaciones políticas de izquierda, regionales, ecologistas
y movimientos sociales,
consciente que el diálogo es una herramienta fundamental para consolidar la
democracia, informamos que se reunió con el Premier Jiménez, haciendo entrega
de una carta que resume sus propuestas para enfrentar la actual crisis
política, económica y ambiental. La delegación del Frente Amplio incluyó a Salomón
Lerner, Marisa Glave, Eduardo Zegarra, Nilver Lopez, Julio Castro, Roberto de
la Cruz y los parlamentarios Verónika Mendoza, Rosa Mavila, Manuel Dammert y
Alberto Adrianzén.
El Frente Amplio tiene como una de sus propuestas
centrales el cambio de la política económica neoliberal, ya que ésta ha
generado un crecimiento sin inclusión social y crisis en la industria y al agro
nacionales. Es necesario promover la diversificación económica, la generación
de valor agregado, el empleo productivo y la formalización de la economía,
defendiendo el mercado nacional del “dumping” y facilitando el crédito y el
cambio tecnológico. Es necesario también impulsar la inversión privada y
pública, pero eso no puede hacerse a costa de sacrificar los derechos de
los trabajadores, el medio ambiente y nuestro patrimonio arqueológico como
pretende el gobierno.
El ministro de economía y finanzas Luis
Miguel Castilla es el responsable de estos y otros serios problemas como el
recorte de presupuesto a los gobiernos regionales y municipales, los descuentos
abusivos a los trabajadores independientes para las AFPs y un gasto social que
no enfrenta ni menos soluciona el problema de la pobreza y el desempleo de
nuestro país; razón por la que exigimos su cambio.
El Frente Amplio considera indispensable
una nueva política de seguridad ciudadana que parta del liderazgo nacional, con
una auténtica y profunda reforma y modernización de la policía nacional, y que
articule la labor policial con la participación de la sociedad y los gobiernos regionales
y locales, en el marco de una política global para un adecuado combate al
crimen organizado, especialmente el narcotráfico, el terrorismo y las bandas
delincuenciales, respetando los derechos humanos.
Hay necesidad de un cambio político para
recuperar la confianza de la población. La lucha contra la corrupción no puede
detenerse ni vacilar porque se trata de ex – presidentes, congresistas o ex –
alcaldes, y por ello manifestamos que es necesario que las actuales
investigaciones continúen y que el Poder Judicial actúe de acuerdo a ley para
impedir que gane una vez más la impunidad. En este contexto, el Frente Amplio respalda
la labor de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción que
dirige el Dr. Arbizu. Insistimos en la necesidad de que se aprueben nuevas
leyes para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles y acarreen la
“muerte civil” de los corruptos. En este contexto, el Frente Amplio rechaza el
reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso del Frontón porque
promueve y legaliza la impunidad.
Necesitamos también hacer una reforma
política de fondo, para que los partidos dejen de llevar mediocres y corruptos
al Congreso y para que quienes sean elegidos cumplan sus promesas. Creemos que
quienes dirigen el gobierno deben escuchar y consultar al pueblo, en particular
respetando los derechos de los pueblos indígenas, en vez de estar reprimiendo
las protestas sociales y persiguiendo a los dirigentes (queremos denunciar la
persecución sostenida de dirigentes de nuestro Frente), por lo que se deben
derogar todas las normas que penalizan la protesta social. Esta crisis social y
política nos lleva como Frente Amplio a plantear una Nueva Constitución que
establezca un nuevo pacto social entre el estado y los ciudadanos,
desarrollando los mecanismos necesarios para la recuperación de la confianza en
las instituciones representativas.
El Frente Amplio manifiesta su preocupación
por el establecimiento de un oligopolio de medios de comunicación que
constituye un atentado contra los derechos a la libertad de expresión e
información, y una amenaza para la democracia. En ese sentido, llamamos a un
debate franco y abierto sobre este tema.
El Frente Amplio también ha llevado al
Premier propuestas concretas en diversas otras áreas, como la seguridad
ciudadana, la política laboral, la seguridad y soberanía energética, las políticas sociales, de educación, salud e infancia, del
ambiente, los pueblos indígenas, la equidad de género y la política exterior.
De esta manera, el Frente Amplio, nueva
fuerza política unitaria que recoge en sus propuestas diversas experiencias de
gobierno y en particular voces desde los movimientos sociales y ciudadanos,
planteando alternativas de cambio profundo en democracia que nos permitan a
todos los peruanos y peruanas caminar con optimismo y construir un país
solidario, soberano y con justicia social.
Lima, 9 de setiembre de 2013
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NOTA DE PRENSA
FRENTE AMPLIO PIDE
NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA CON CAMBIO DE MINISTRO CASTILLA Y REFORMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA ESCUCHANDO AL PUEBLO CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Frente Amplio que agrupa a organizaciones políticas
de izquierda, regionales, ecologistas y movimientos sociales se reunió con el
Premier Jiménez, haciendo entrega de una carta que resume sus propuestas para
enfrentar la actual crisis política, económica y ambiental. La delegación del
Frente Amplio incluyó a Marisa Glave, Salomón Lerner, Eduardo Zegarra, Nilver López,
Julio Castro, Roberto de la Cruz y los parlamentarios Verónika Mendoza, Rosa
Mavila, Manuel Dammert y Alberto Adrianzen.
Salomón Lerner, al término de la reunión, explicó que
el Frente Amplio tiene como una de sus propuestas centrales el cambio de la
política económica neoliberal, ya que ésta ha generado crisis en la industria y
en el agro nacionales. “Es urgente promover la diversificación económica y la
generación de valor agregado, defendiendo el mercado nacional del “dumping” y
facilitando el crédito y el cambio tecnológico. Es necesario impulsar la
inversión privada y pública, pero eso no
puede hacerse a costa de sacrificar los derechos de los trabajadores, el medio
ambiente y nuestro patrimonio arqueológico como pretende el gobierno”, señaló
Lerner.
Lerner agregó que el ministro de economía y finanzas
Luis Miguel Castilla es el responsable de serios problemas, como el recorte de
presupuesto a los gobiernos regionales y municipalidades y los descuentos
abusivos a los trabajadores independientes a las AFPs, por lo que urge su
cambio.
Marisa Glave, por su parte, resaltó la necesidad de un
giro político para recuperar la confianza de la población. “La lucha contra la
corrupción no puede detenerse ni vacilar porque se trata de ex – presidentes,
de congresistas o de ex – alcaldes”, indicó al tiempo que manifestaba el
respaldo del Frente Amplio a la Procuraduría Pública especializada en delitos
de corrupción que dirige el Dr. Arbizu.
La joven dirigenta insistió en la necesidad de nuevas leyes para que los
delitos de corrupción sean imprescriptibles y acarreen la “muerte civil” de los
corruptos.
“Necesitamos hacer una reforma política de fondo, para
que los partidos dejen de llevar mediocres y corruptos al Congreso y para
quienes sean elegidos cumplan sus promesas”, planteó Marisa Glave como cambios
de fondo para acabar con la corrupción. También indicó que quienes dirigen el
gobierno deben escuchar y consultar al pueblo en vez de estar reprimiendo las
protestas sociales y persiguiendo a los dirigentes, para lo cual el Frente Amplio plantea una Nueva
Constitución que establezca un nuevo pacto social entre el estado y los
ciudadanos.
Explicaron que el Frente Amplio llevó al Premier
propuestas concretas en diversas otras áreas, como la seguridad ciudadana, la
política laboral, la seguridad y soberanía energética, las políticas sociales,
de educación, de salud y la infancia, el ambiente, los pueblos indígenas y la
equidad de género.
La presentación de la delegación del Frente Amplio
ante el Premier Jiménez mostró el surgimiento de una nueva fuerza política
unitaria que recoge diversas experiencias de gobierno y voces desde los
movimientos sociales y ciudadanos, planteándose como alternativa de cambios
profundos en democracia.
Lima, 09 de Septiembre de 2013
El gobierno de Cuba ha apostado por un enfoque de adaptación basado en ecosistemas, para hacer frente a los riesgos climáticos y disminuir las vulnerabilidades costeras, aseguró en La Habana un experto de la Organización de Naciones Unidas. Los casos antes descritos constituyen alternativas viables en el contexto socioeconómico cubano, subrayó Heraldo Muñoz, Subsecretario General de Naciones Unidas y Director regional para América Latina y el Caribe del Programa de ONU para el Desarrollo (PNUD).
