AGENDA PERÚ. Para todas y todos los peruanos

LA POSICIÓN DE LOS COMUNISTAS 

EL PERÚ DE HOY 

Apreciaciones sobre la situación política:

1. Compañeros y camaradas, la crisis capitalista está arrasando con los derechos y conquistas de los trabajadores y acentuando las condiciones de explotación del trabajo. Se profundiza la derechización y subordinación del sistema económico y político a los intereses del gran capital, mientras se acrecienta la desigualdad social, la xenofobia y la destrucción del medio ambiente. La resistencia de las fuerzas progresistas, de los trabajadores y los movimientos sociales es creciente, pero aún fragmentada. Urge la unidad más amplia a nivel nacional y mundial para construir un nuevo orden económico y social más justo.

2. La economía del país, ha experimentado una leve contracción, impactada por la caída de los precios de los minerales, pero aún con un crecimiento del 5,3 % estimado al cierre del año, las tasa de ganancia del gran capital, continúan siendo las más altas del continente, no obstante ello, la desaceleración ha servido de pretexto para profundizar el recorte de los derechos laborales, conceder mayores granjerías a las empresas transnacionales, facilitar la entrega y explotación de nuestros recursos naturales en condiciones leoninas, congelar la ejecución de los proyectos estratégicos de las regiones y a la par de ello debilitar los proceso de integración de América Latina. 

3. El gobierno de Humala, aislado y atrapado en sus debilidades y contradicciones, ha terminado sometido incondicionalmente a los grandes grupos económicos que mantienen  secuestrado el Estado desde hace más de dos décadas. Estos  grupos de poder, imponen la política económica y laboral y son  el verdadero poder en la sombra. Consecuencias de ello es que somos los últimos en la educación según el resultado del PISA 2013, los peores servicios de salud de la región, sueldo de hambre de S/. 750.00, (sólo el 8.2% de los trabajadores peruanos tienen sueldo decente), país donde se rematan los recursos naturales.

4. La alianza aprofujimorista coludidos con el fiscal Peláez, maniobran descaradamente para limpiar e impedir la investigación de los graves hechos de corrupción que involucran al Ex Presidente García por delitos de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado y los narcoindultos. Los principales líderes del Fujimorismo pretenden distraer a la opinión pública para impedir que se investigue el caso López Meneses, los narco aportes a la campaña de Keiko Fujimori y los desacatos y desafíos del reo Fujimori. La prensa monopólica El Comercio levanta cortinas de humo mientras el gobierno negocia en secreto la Alianza del Pacífico con EEUU lo que va dañar gravemente el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, al conocimiento de nuevas tecnologías y el control del internet. Hay un poder paralelo (Que no son los rezagos del montesinismo), sino, el poder de los neoliberales con el Ministro Castilla a la cabeza, que está por encima del Primer Ministro, ordena y manda a la mayoría oficialista del Congreso. Se arroga funciones legislativas e impone leyes inconstitucionales que agravian los derechos de los trabajadores como la ley del servicio civil y la ley pymes, recorta los presupuestos de las regiones y municipios y propicia la privatización de la salud, del agua y la seguridad social. En ese contexto la gestión del Primer Ministro César Villanueva está condenada al fracaso.

5. Ante la ofensiva de la derecha se desarrolla una permanente persecución y amenaza de muerte a los dirigentes sindicales y populares que se oponen al neoliberalismo y a la corrupción en nuestra patria como el c. Mario Huamán, Secretario General de la CGTP y los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y autoridades regionales y locales. Esta persecución se hace cómplice con la acción impune de las mafias que hasta el momento han asesinado a 9 dirigentes sindicales de construcción civil (la mayoría de ellos militantes de nuestro Partido y del Frente Amplio). En tal sentido proponemos la convocatoria de una gran marcha nacional unitaria por la seguridad ciudadana y la defensa de la vida, convocada y liderada por las fuerzas políticas integrantes del FA, el movimiento sindical y popular y la ciudadanía. 

6. Los resultados de las elecciones de noviembre en la Municipalidad de Lima, ha significado una derrota para la izquierda, ello se debe en nuestra opinión a la falta de una identidad que se exprese en un programa de izquierda que integre las demandas de la población. La izquierda no hemos podido pasar de la protesta reivindicativa (que puede ser justa pero insuficiente) a la propuesta de alternativas para construir un nuevo modelo de gestión municipal. También hemos tenido graves problemas de comunicación que expresa una crisis de cómo se concibe la representación política de ciudadano y movimientos sociales en un proceso de cambio y no para administrar el viejo estado manteniendo las mismas prácticas burocráticas. En tal sentido corresponde al Frente Amplio asumir el liderazgo en todos los terrenos; ideológico, político, programático y de masas, con propuestas concretas que encarnen las demandas de nuestro pueblo. Frente a ello alcanzamos las siguientes propuestas:

Propuestas para la construcción de la  “AGENDA PERU”  frente a la Agenda Neoliberal:

Seguridad ciudadana. Impulsar la lucha contra la delincuencia, a través de la conformación de un Comité Nacional integrado por el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales (según el ámbito de trabajo), la Policía Nacional, el Poder Judicial y representantes de las organizaciones populares. Dotar de manera efectiva de los recursos necesarios a la Policía Nacional para que puedan cumplir su trabajo al servicio de los ciudadanos, y en tercer lugar sancionar drásticamente a todos aquellos que permiten la impunidad de los delincuentes, llámese policías , fiscales o jueces corruptos, así como a los políticos que los han indultado como Alan García. 

Uso de los recursos naturales para la educación y salud. Usar los recursos naturales para el desarrollo a través del fortalecimiento de PETROPERU (rechazando la privatización encubierta), impuestos a las sobre ganancias mineras, construcción del gaseoducto sur andino, y una real defensa del Medio Ambiente.  

Salarios justos y dignos. No más salarios de hambre. Eso significa aumento del salario mínimo, y que los empresarios no repartan utilidades si no garantizan la canasta básica familiar para todos sus trabajadores. Luchar ahora por la nueva Ley general del Trabajo.

Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas incluyendo la actividad agropecuaria. Que el Estado en el ámbito nacional y regional proporcione los recursos tecnológicos y financieros necesarios para el desarrollo y consolidación de las empresas, las cooperativas y Comunidades campesinas. No más privilegios para las  transnacionales y los grandes grupos económicos. 

Una descentralización democrática que construya polos de desarrollo y no más burocracia y corrupción. Reformar el sistema de inversión pública para que sea más eficiente. Transferencia  tecnológicas y capacidad de gestión, para que estos recursos sean usado realmente en beneficio de la población construyendo polos de desarrollo productivos y social.

Constitución democrática. Nueva constitución que elimine el aparato jurídico de la dictadura que hasta hoy se mantiene. Una Constitución que proteja a los ciudadanos y no los negocias de los grupos económicos. Una constitución que garantice Salud, educación, vivienda y empleo digno para los peruanos, y no la corrupción de los políticos.

ORGANIZARNOS PARA HACER 

Propuestas para un plan de acción política:

• Convocar, organizar y articular a todas las organizaciones dispuestas  a luchar por la AGENDA PERU. Sin distinciones partidarias, sociales, religiosas, unidos por  la voluntad de construir un Perú justo y solidarios al servicio de todas y todos los peruanos.

• ORGANIZACIÓN Y MOVLIZACION en todos el país, para constituir AGENDA PERU en todos los espacios donde sea posible (Gobiernos regionales, locales, organizaciones populares) y para detener la implementación de injustas medidas que afectan los derechos y la vida de los peruanos (No leyes de impunidad, no leyes de privatización, no más impunidad); mítines, plantones, caminatas, marchas y movilizaciones nacionales y regionales y al calor de la lucha intensificar las tareas de organización, educación política y formación de cuadros;

• Informar y comunicar a todo el país. Romper el cerco de la televisión y la prensa mediática  encabezado por el grupo El Comercio, a través de redes comunicación alternativo que se articule regional y nacionalmente. La democracia se basa en que todos los ciudadanos tiene información, derechos políticos y derechos sociales plenos. Esto incluye que el FA, cree y desarrolle medios de comunicación con el aporte de todos los partidos para impulsar  la lucha de ideas, informar, organizar y educar.

¡Viva la unidad del Frente Amplio!

Lima diciembre 15 de diciembre del 2013

Comisión Política del PCP

Venezuela: otra victoria bolivariana

de Marco Consolo

El pasado domingo en Venezuela, más de 19 millones de ciudadanos fueron llamados a

votar en las elecciones municipales para elegir 337 alcaldes y 2455 concejales. 

Con una participación de casi el 60%, según el último informe publicado por el Consejo Nacional Electoral – CNE (97,52% de los datos transmitidos) se confirma la victoria de los candidatos del proceso bolivariano reunidos  en el “Gran Polo Patriótico” (GPP) y la clara derrota de la oposición.

En el momento de escribir, el GPP (y en su interior el principal partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV), gana en 234 municipios, con un total de 5.111.336 votos contabilizados, (el 49,24%). De ellos, al menos 13 son capitales de los 24 estados que conforman el país.

La variada oposición de derecha, reunida en la Mesa de la Unidad (MUD), se queda con 53 municipios y 4.435.097 electores (42,7%). Existe por tanto una diferencia relativa del 6,52% a favor del proceso bolivariano, suficiente para salir de un área de riesgo político inmediato.

Los otros partidos más pequeños, obtuvieron 833.731 votos, equivalentes al 8,03 %. Entre estos está el Partido Comunista con el 1, 6%. Casi todos los pequeños partidos han apoyado a los candidatos bolivarianos.

Todavía faltan los números de algunos municipios, pero el dato político es inequívoco. Una vez más, el proceso bolivariano sale victorioso en las urnas. Hasta ayer, del total de 337 municipios, 265 se encontraban en mano del PSUV y de las fuerzas que apoyan el proceso de cambio iniciado por el Presidente Chávez, fallecido en marzo de este año.

Después de la muerte del presidente Chávez, y antes de estas elecciones municipales, el pasado mes de abril se celebraron las elecciones presidenciales con una estrecha victoria del presidente, Nicolás Maduro.

En los últimos 14 años, el proceso bolivariano ha celebrado 19 elecciones, y sólo ha perdido 1. Hasta aquí los números de la extraña “dictadura” venezolana, que celebra más elecciones que cualquier otro país en el continente latinoamericano y muchos otros países del mundo.

EL FRACASO DE LA OPOSICIÓN

La derecha quería convertir estas elecciones en un plebiscito en  contra del proceso bolivariano para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La derecha, sintiéndose fuerte a raíz de la estrecha victoria de Maduro, (victoria que nunca quiso reconocer) en las elecciones presidenciales de abril, estaba convencida de poder dar el empujón final.

El candidato Henrique Capriles, incitando a matones armados que salieron a las calles, provocó el asesinato de 11 personas. El mismo Capriles que estuvo a la cabeza de iguales matones tomando por asalto la Embajada de Cuba en el intento de golpe de Estado en el año 2002.

Hace meses el mensaje era claro: si Maduro casi había perdido en abril, ahora era el momento adecuado para desalojarlo del Palacio de Miraflores. Con la ayuda omnipresente y omnipotente de los Estados Unidos, la oposición ha adoptado un plan “a la Chile del 1973″ con la “combinación de todas las formas de lucha”: guerra económica y financiera, acaparamiento y escasez inducida de bienes, sabotaje en el tendido eléctrico, inseguridad con el uso de la delincuencia organizada y una implacable campaña mediática al interior del país. Se repitió de manera obsesiva que el chavismo sin Chávez había terminado y que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Después de Chávez (un indio de todas maneras…), mucho menos Maduro podía estar a la altura del cargo presidencial, finalmente era “sólo” un conductor de metro, un ex sindicalista, seguramente incapaz de gobernar, etc. Una matriz de opinión amplificada y multiplicada por todos los megáfonos de los grandes medios de comunicación  internacionales (CNN, RAI, La Repubblica, Il Corriere della Sera, El País, etc.) Un odio de clase que sobresale de manera incesante de las páginas de las revistas de todo el mundo,  junto con los ataques a lo que ellos llaman “el autoritarismo del gobierno”.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL FUTURO

Un análisis más cuidadoso de la votación permite algunas consideraciones.

Después de realizar una campaña feroz contra el CNE, la derecha esta vez no pudo dejar de reconocer los resultados y, por tanto, su papel como árbitro imparcial. El sistema de votación electrónica, perfeccionado a lo largo de los años, ha sido reconocido a nivel mundial, como un sistema a prueba de fraude. Y en esta ocasión también, observadores nacionales e internacionales participaron en todas las fases del proceso electoral.

La oposición mantiene el bastión de los barrios más ricos de la Gran Caracas (Baruta, Chacao, la interclasista Sucre), El Hatillo y retiene la importante ciudad petrolera de Maracaibo. Pero en ambos casos es seguida de cerca por los candidatos socialistas. Conquista Valencia, Barquisimeto, Barinas (lugar de nacimiento de Chávez), San Cristóbal, ciudades en manos de alcaldes “chavistas”. 8 victorias en las capitales (en una gracias a las divisiones internas de los bolivarianos). Por tanto, sería un grave error subestimar a la oposición, que gana espacios importantes de poder en varios estados del país.

Hay que añadir a esto los errores del mismo gobierno, que no han faltado. Entre ellos, un cierto triunfalismo.

Sin embargo el balance general negativo para la oposición y la derrota de los partidarios de la línea dura de la tesis del ” plebiscito para desalojar a Maduro de Miraflores” hará sentir sus efectos en la oposición y sus líderes. Los mismos que, con este resultado, pierden fuerza y ​​prestigio, dada la incapacidad de superar el voto bolivariano a pesar del avance y la conquista de varias capitales del país.

En general, la oposición ganó en la ciudad y perdió en el campo. Por el contrario, el proceso bolivariano consolida posiciones en las zonas rurales. Pero todavía se encuentran en disputa los Estados fronterizos con Colombia, con una fuerte inmigración y la influencia de los paramilitares colombianos. La ley electoral, que permite el voto a los extranjeros que han vivido durante más de 10 años en el país, ha pesado en el resultado de la votación a favor de la oposición, al menos en varias ciudades de las zonas fronterizas.

En el terreno electoral persisten luego áreas geográficas inestables con desventajas que no pueden subestimarse.

Aún falta un análisisy una evaluación a fondo de la abstención. Esta vez, la participación en las elecciones municipales (58,9%) superó al de las regionales del 16 de diciembre de 2012 (53,8%), pero la abstención sigue siendo alta, dado los objetivos políticos que están en juego. El dato de la abstención, sin embargo,  marca la distancia de la política y de la “democracia participativa”. A primera vista, como sucede a menudo, aquí también son los barrios populares que quedan en casa, a pesar de una recuperación parcial, mientras que los habitantes de los barrios de clase media y los ricos van a votar en contra del gobierno.

Más en general, el proceso bolivariano ha alcanzado algunos objetivos estratégicos: por un lado ha obtenido un tiempo político adicional crucial, sin perder grandes espacios de gobierno; por otro lado ha sido capaz de frenar a la estrategia opositora de hacerlo caer en un corto plazo, saliéndose de un área de riesgo político inmediato. No hay duda de que era importante superar una posible crisis política a corto plazo, a partir de los magros resultados de las elecciones del pasado abril y de la “guerra económica” en un contexto de crisis económica global. Objetivos parcialmente logrados.

El “golpe de timón” invocado por Chávez ha visto una primera concreción en las medidas en el terreno económico y social,  tomadas por el gobierno a partir de octubre (con la obtención de nuevos poderes gracias a la “Ley Habilitante”) que en términos de Gramsci, sirvió para renovar parcialmente la “conexión sentimental” entre el gobierno y  su pueblo, entre la revolución y el legado de Chávez. Los golpes contra la especulación descarada, la detención de algunos funcionarios y cuadros intermedios corruptos, y sobre todo la aprobación del  Plan de la Patria, diseñado  por el fallecido presidente, son pasos adelante que permiten profundizar  los cambios que están ocurriendo. No es casual que la derecha se opusiera con tanto fervor. Por supuesto, para ser creíble, las medidas de lucha contra la corrupción deben ir hasta el final y no mirar la cara a nadie, ni siquiera entre las filas del gobierno.

El primer desafío estratégico es ser capaces de articular ese “giro a la izquierda” con criterios políticos y una mayor conciencia ideológica, no sólo por el PSUV, sino por todas las fuerzas aliadas en el Gran Polo Patriótico (GPP) que han contribuido a recuperar el consenso y a la victoria bolivariana. El GPP tiene ante sí una tarea vital: la superación de las tensiones y diferencias internas, manteniendo la unidad y transformándose en la columna vertebral para la aplicación del Plan de la Patria, verdadero testamento de Chávez y brújula política de la transformación de la sociedad en una dirección socialista.

No hay duda que la principal trinchera contra la desestabilización de la derecha ha sido la unidad “chavista”,  bolivariana, popular. Una unidad que ha frenado a los que la desprecian y que subestiman el protagonismo popular organizado, como sujeto de la transformación. El equilibrio de poder seguirá siendo favorable para el proceso revolucionario, solo si se consolida esta conexión entre el pueblo organizado, el prestigio de la mayoría de los dirigentes del proceso y la herencia revolucionaria de Chávez. Los partidos y las organizaciones sociales del campo bolivariano juegan un papel crucial en esta lucha y tienen una gran responsabilidad, sin subestimar la del Presidente Maduro,  subestimado en Venezuela por  la oposición y por algunos sectores bolivarianos (y afuera también por mucha “izquierda light”) que no entienden sus capacidades. Ni mucho menos la idiosincrasia del pueblo venezolano.

Por último, pero no menos importante,  hay una debilidad que se arrastra desde hace tiempo. La de la comunicación de masas del conjunto de las fuerzas bolivarianas. Un vacío que el fallecido Chávez llenaba con su capacidad de ponerse en conexión directa con su pueblo. Hoy en día no basta con repetir los discursos del presidente Maduro y de los distintos ministros. No basta hacer propaganda. Mucho menos sirve, lo que es peor, imitar el lenguaje y el mensaje del  adversario.  Se necesita el máximo de imaginación y creatividad para construir y reconstruir una imagen propia,  para “verse  con sus propios ojos” (como siempre nos recuerda Aram Aharonian)  y no con los ojos del adversario. Para hablar a los corazones y a las conciencias  de millones de personas intoxicadas a diario por los códigos y mensajes del adversario,  los abiertos, los simbólicos  y los subliminales. En palabras de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador Simón Bolívar, “o inventamos o erramos”.  Esto es el terreno de la” guerra asimétrica “,  la decisiva  “guerra de cuarta generación”.

Se necesita un análisis más profundo de las relaciones actuales de poder, de los vaivenes del campo revolucionario y sus dinámicas. Sería útil lograr hacerlo con corazón caliente y cabeza fría, con humildad intelectual y sin triunfalismo, teniendo en cuenta la necesidad de consolidar el poder popular, los desafíos de las próximas elecciones parlamentarias, y en especial la delicada fase económica y social del próximo año.

PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEY UNIVERSITARIA

              Dr. Renán Raffo Muñoz

Impulsar la lucha por una nueva ley universitaria, concertada con todos los estamentos de la   universidad y el pueblo es hoy una tarea fundamental para el cambio. En ese sentido se precisa deslindar ideológica y políticamente con las posiciones autoritarias que pretenden imponer una ley a espaldas de la comunidad universitaria y de otro lado con las fuerzas del continuismo que se oponen a la dación de una nueva ley; y, desde la movilización unitaria y la lucha organizada y con propuestas, demandar una nueva ley  que recoja y actualice las conquistas y valores de la primera reforma universitaria (gratuidad, autonomía, cogobierno, libertad de pensamiento y de crítica , derecho de tacha, etc) y siente las bases jurídicas de una nueva reforma que apunte a la renovación profunda de los viejos esquemas filosóficos, epistemológicos y pedagógicos imperantes en la universidad peruana

Postulamos  una universidad moderna, que, acorde con los cambios de la época, lidere la revolución científico- técnica que el Perú necesita para salir de la condición   de país primario exportador y superar las profundas desigualdades sociales existentes. Proponemos una lucha frontal contra la mediocridad y el facilismo que se han enquistado en muchas universidades públicas y privadas y promover la formación de profesionales de alta calidad, capaces de competir con éxito en el mundo del trabajo

En tal sentido planteamos las siguientes modificaciones al “Proyecto de ley Mora”:

1.-Modificar el Artículo 3°, precisando que las Universidades  privadas son personas jurídicas sin fines de lucro. La ley Mora   establece en el segundo parágrafo de dicho artículo “Las Universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado”.  Como vemos, en el caso de las universidades privadas,  se  elimina el concepto “Sin fines de lucro”  contenido invariablemente en las leyes precedentes 13417, 17437 y en la actual 23733. Ese artículo fue modificado en 1996 por DL 882 que promueve la privatización de la educación y la ley 26439 que crea el CONAFU, organismo adscrito a la ANR, que autorizó el funcionamiento de decenas de universidades y filiales sin los mínimos requisitos de ley. En base a esos dispositivos legales, que la ley Mora mantiene vigentes, se modificó radicalmente el concepto de la educación como un derecho fundamental consagrado en la constitución y se dio inicio al proceso de privatización y mercantilización de la educación. En tal sentido el DL 882 y la ley 26439, que promovieron los “negocios educativos” y “las  universidades empresa”, muchas de ellas sin los más elementales estándares de calidad.[1]; deben ser derogados

2.-Planteámos la eliminación del Capítulo II del proyecto de ley (arts.12 al 18), que crea la Súper Intendencia Nacional de Educación Universitaria,  SUNEAU y su reemplazo por un Consejo Nacional Universitario, conformado con representantes de los Rectores, docentes, estudiantes  y trabajadores elegidos democráticamente por sus respectivos estamentos y con funciones y atribuciones para articular con visión de sistema al conjunto de universidades, planificar la política nacional universitaria y consolidar y gestionar el presupuesto anual de las universidades públicas.

La ANR, conformada exclusivamente por Rectores, esto es, sin representación de los docentes, estudiantes y trabajadores, no ha logrado constituir, en 30 años de existencia, un verdadero sistema universitario articulado y de calidad, como requiere el país; por el contrario, se ha constituido, en un instrumento de intervención y de control político de las universidades. Sobre todo en los gobiernos del fujimorismo y del APRA – intervino a decenas de universidades y despidió a centenares de docentes, estudiantes y trabajadores de oposición[2]. Además se constituyó en el instrumento implementador de la privatización y es responsable del deterioro de la calidad de la enseñanza al autorizar a través del CONAFU, el funcionamiento de decenas de universidades particulares y públicas sin las más mínimas condiciones de calidad y jamás lucho por el incremento del presupuesto de las universidades públicas, por el contrario permitió el recorte sistemático  de los presupuestos y el encarecimiento de las tasas educacionales.

La SUNEAU, tal como está concebida, sería un organismo más nocivo que la ANR, controlado por el poder de los empresarios y del gobierno se constituiría en un instrumento al servicio del poder, encargado de implementar el continuismo neoliberal.  Su creación colisiona con la autonomía universitaria reconocida por el art 18 de la constitución[3] y su composición contraviene el principio del cogobierno. Sus funciones y atribuciones vulneran de manera flagrante la autonomía de las universidades. Así el artículo 14° del proyecto, contempla que la SUNEAU establece los “mecanismos básicos de regulación” (Inciso 14.1), autoriza o deniega el funcionamiento de facultades, escuelas o programas (Inc. 14.3), decide la cancelación del funcionamiento de facultades, escuelas o programas (inc.14.5), fiscaliza el uso de los recursos económicos y financieros de las universidades públicas (Inc.14.8), resuelve en última instancia los conflictos que se produzcan en las universidades (Inc.14.13),etc. De esta manera el mencionado art. 14° contradice a los artículos 8 y 10 del mismo proyecto referidos a la autonomía y a las garantías para su ejercicio respectivamente. Cabe entonces  preguntarse ¿Dónde queda  la autonomía normativa, académica, económica y administrativa de la universidad?.

3.- Planteamos modificar el art 27° del proyecto de ley sustituyendo los Departamentos académicos por equipos multidisciplinarios encargados de la formación profesional y la investigación en el pre grado y el post grado. En las Universidades modernas se eliminaron los Departamentos desde los años 80 con la finalidad de dar una formación integral  acorde con las exigencias de un mundo donde el conocimiento cambia vertiginosamente a la par de las exigencias del mundo del trabajo. El Proyecto de ley mantiene la organización académica en base a los esquemas positivistas que priorizan las ciencias puras y aplicadas en desmedro de las ciencias sociales indispensables para contextualizar la educación con el entorno social y brindar una formación integral.

4.- Planteamos la modificatoria del artículo 62° del proyecto de ley, proponiendo se incluya el derecho a voto de los trabajadores administrativos nombrados. Reconociendo que el artículo en referencia representa un avance sustancial  en el proceso de democratización de la universidad al establecer la elección, directa, secreta, universal y ponderada de las autoridades universitarias acorde con la legislación comparada[4] ; consideramos que la exclusión de los trabajadores es una medida antidemocrática, en tal sentido planteamos enarbolar la lucha por el voto de los trabajadores nombrados e impulsar el fortalecimiento de los gremios y su independencia del poder como también la formación de movimientos unitarios, conformados por los tres estamentos y sustentados en el pluralismo ideológico y en una propuesta programática que recoja los postulados de una nueva reforma universitaria, el desarrollo institucional democrático y las reivindicaciones concretas de toda la comunidad universitaria.

5.- Planteamos la modificación del Capitulo XI del Proyecto de ley, relativo al  Régimen Económico de las Universidades Públicas (art. 106 al 112) incluyéndose un artículo que  fije las rentas de la universidad en base a un porcentaje del presupuesto nacional, como lo hacen las leyes universitarias de otros países de nuestra región[5] La ley Mora no incluye en su articulado ninguna disposición que garantice el derecho a una educación gratuita y de calidad como ordena la constitución. Por tal razón los gobiernos han ido haciendo abandono de sus obligaciones y trasladando el financiamiento de la educación hacia la población. En tal situación la educación pública, desde la escuela hasta la universidad se encuentre en los últimos lugares en el ranking mundial de calidad y  el gasto por alumno en las universidades públicas y en investigación científica e innovación, es uno de los más bajos de América Latina[6]

Por esta razón la lucha por la gratuidad de la enseñanza y por rentas para la universidad es un tema crucial, derecho que se ha ido perdiendo progresivamente a través de las sucesivas leyes de presupuesto, que obligan anualmente a las universidades a incrementar el porcentaje del financiamiento del presupuesto institucional con recursos propios, las que se ven obligadas a incrementar las “tasas educacionales”, que salen del bolsillo de los estudiantes por todo concepto, porcentaje que en algunos casos superan el 50% del presupuesto de las universidades. La lucha por la rebaja o eliminación de las tasas educacionales y por mayores rentas para las universidades debe ser una de nuestras principales banderas de lucha 

6.- Planteamos modificar la décima primera disposición transitoria del proyecto, la misma que establece que en 180 días contados a partir de la vigencia de la ley, el ejecutivo presentará ante el Congreso el Proyecto de Ley de la Carrera Docente Universitaria, precisando que dicho proyecto será elaborará con participación de los docentes y mantendrá la homologación de sus haberes con los Magistrados Judiciales, tal como lo establece el artículo 92 del proyecto de ley

Articular la lucha unitaria desde los gremios por una universidad pública gratuita y de calidad es tarea de todos.

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[1] Según la ANR en los años 80 existían 35 universidades, 25 públicas y 10 privadas; mientras que en el 2011 ya existían 129 universidades, 50 estatales,  78 privadas y 1 de gestión municipal, y, la población estudiantil de las Universidades privadas casi era el doble que el de las universidades públicas; lo que da cuenta del avance vertiginoso del proceso privatizador

[2] Según la ANR , el 2011, 49 universidades se encontraban en proceso de institucionalización y 38 con  comisiones organizadoras. La intervención de la UNICA en dos oportunidades por iniciativa del APRA y del fujimorismo y el despido de centenares de docentes y estudiantes, así como la reciente intervención autoritaria de la Universidad de la Cantuta dan cuenta del papel intervencionista que ha jugado la ANR en los últimos treinta años de vigencia de la presente ley 23733, en cambio se hace de la vista gorda frente a la corrupción en una universidad privada, donde un rector corrupto se asigna un millón de soles de sueldo y la ANR guarda silencio en todos los idiomas

[3] La autonomía es un principio básico, ligado a la democracia interna, que protege a la universidad contra la intervención de los gobiernos de turno, garantiza el pluralismo, el autogobierno y la libertad de pensamiento y de crítica; sin embargo no significa intolerancia, encubrimiento de la corrupción, extra territorialidad, ni control sectaria y dogmática de los grupos de poder. La autonomía es un concepto dialéctico que se perfecciona con los mecanismos democráticos, como la rendición de cuentas, la elección universal de las autoridades, la no reelección inmediata, la revocatoria de mandatos y el control concurrente ejercido por organismos gremiales independientes del poder, sin perjuicio del control y fiscalización que ejerce el Estado a través de la Contraloría u otros mecanismos constitucionales

[4] El artículo 34 de la Ley de Educación Superior del Ecuador, contempla la elección directa secreta, universal y obligatoria de las autoridades universitarias y de las escuelas politécnicas. Estableciendo que tienen derecho a voto los profesores titulares con más de un año en esa calidad, los estudiantes con asistencia regular, que hayan aprobado por lo menos el primer año de estudios o ciclos equivalentes y de los trabajadores y empleados titulares con más de un año en esa calidad. El voto de los estudiantes se pondera entre el 10 y 50% del total del personal académico con derecho a voto y el de los trabajadores hasta el 10%

[5] La Ley de Educación Superior del Ecuador, por ejemplo,  señala que el Estado aumentará anualmente, de manera obligatoria  las asignaciones fiscales, por lo menos en el mismo porcentaje que se incrementaron los ingresos corrientes totales del gobierno central, sin perjuicio del crecimiento de ingresos provenientes de otras fuentes o leyes especiales

[6] La Universidad Autónoma de México recibe el 83 % de su presupuesto como asignación del tesoro público, San Marcos sólo recibe el 55%, el resto se financia con recursos propios.

Estrellas del valor de la verdad

El Informante

Después de varios años de batalla, dos héroes discretos obtienen información pública escondida. Pero hay miles de frustrados. Mientras el gobierno lanza una nueva retórica anticorrupción, un informe de la Defensoría del Pueblo ofrece cifras descarnadas de un sistema de transparencia inútil para los más pobres.

Ricardo Uceda

PIONEROS. Fanny Ramírez (31) y Hugo Camacho (64).
Múltiples demandas de hábeas data que mejoran la jurisprudencia.
 No todos los peruanos pueden hacerlo.

Hugo Camacho Araya, de 64 años, es un ex trabajador administrativo en el retiro desde hace ocho años. Cuando laboraba para una empresa petrolera en Iquitos, su último empleo, en algún momento decidió convertirse en fiscalizador público. En El Peruano leía resoluciones que autorizaban el viaje al exterior de tal o cual funcionario. Con esos datos empezó a pedir a las entidades públicas los informes que a su regreso el funcionario viajante debió haber presentado. No las cuentas de los gastos, sino los resultados de su expedición: en qué medida fue útil para el Estado su asistencia a una reunión en Buenos Aires, Ginebra o París.

Las secretarias de los ministros, las de los jefazos de las empresas públicas, recibían incrédulas en 2001 estas peticiones inverosímiles, que no merecían respuesta.

Yo, al comienzo, escribía basándome en mi simple curiosidad de ciudadano, sin conocer que existía una ley que me apoyaba, dice Camacho pasándose una mano por las canas. Es un hombre delgado y de gestos enérgicos. Cuando se siente observado, advierte: No crea que estoy loco.

En 2001 Camacho escribió 60 cartas, al año siguiente 62. Hacia el 2003, menos de la mitad de las entidades le habían respondido. Algunos funcionarios entregaron la información. Por ejemplo, los del MEF. Pero la mayoría oponía razones diversas para negarse: que no se habían abonado los derechos de tramitación, que el informe solo era para el ministro, que requería un mayor plazo, que antes prefería conversar con el remitente. Algunos respondían que la información era reservada.

RESPUESTA SUPERIOR

En 2002 Camacho quiso saber los informes de viaje de las autoridades del Poder Judicial correspondientes al 2001. Cada año, hasta el 2004, insistió por escrito para pedir la información. Con diversos argumentos, principalmente que no dirigía la solicitud al funcionario indicado, lo ningunearon hasta el 2006. En 2007, a raíz de un recurso de hábeas data,  Juana Torreblanca, una jueza superior del Vigésimo Tercer Juzgado en lo Civil, ordenó que le entregaran todo lo que había solicitado. El  razonamiento de la jueza era elemental: todos los funcionarios deben hacer reportes de viajes, y esa no es información pasible de ser clasificada como secreta. Además, es irrelevante que la solicitud vaya al funcionario equivocado.

¿Por qué entonces la resistencia? La razón se adivina fácilmente. Camacho no tiene poder, porque es un simple ciudadano, y a la mayoría de las administraciones públicas les disgusta que los informes internos sobre los viajes, si es que realmente se hacen, estén dando vueltas por el internet en manos de cualquiera. Aunque este cualquiera tenga derecho a ello. Si no fuera porque Camacho es un hombre de voluntad férrea y porque no tiene más ocupación que llevar y traer a su nieta al colegio, probablemente la victoria judicial nunca se hubiera producido.

Después de examinar los viajes, a Camacho le intrigó cuántos de quienes se hacen llamar doctores poseen efectivamente el grado académico. El 2010 envió a la Asamblea Nacional de Rectores una lista de setenta personalidades conocidas como doctores, pidiendo especificar en cada caso si tenían el grado registrado. La ANR condicionó la satisfacción del pedido a una serie de requisitos que lo hacían inviable. Por ejemplo, la entrega de un archivo en Excel con los apellidos y nombres de los profesionales, con la fecha de grado y su título. Prácticamente exigía la misma información que se le solicitaba. En agosto del 2012 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima le dio la razón a Camacho, quien recibió la información el 20 de noviembre del 2013. Resultó que solo dos de las setenta personalidades, principalmente jueces, tenían el grado de doctor efectivamente registrado en la ANR.

Tres años le demoró a Camacho obtener un pedido tan simple. El hombre sigue solicitando información pública por aquí y por allá, sin hacer campañas contra nadie y sin otro motivo que satisfacer su insaciable necesidad de escrutinio. En su base de datos personal tiene unas setenta demandas de hábeas data presentadas. Ninguna de ellas ha llegado al Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo lo considera un pionero del derecho a la información pública porque con sus requerimientos desarrolla la jurisprudencia que contribuye a transparentar el estado.

INFORMACIÓN PRIVADA

Otra pionera: la estudiante del último año de Derecho Fanny Ramírez Quiroz. Es vivaz, oriunda de Bagua Grande y tiene 31 años. En 2006, cuando empezaba su carrera en la universidad Garcilaso de la Vega, apoyó al abogado José de la Cruz, quien defendía a un cliente en un litigio extraño. El cliente había perdido sus certificados laborales de cuando trabajaba en Telefónica durante el incendio de su casa, y los necesitaba para tramitar su jubilación. La compañía se negaba a entregárselos. Un juez, ante el que interpusieron un hábeas data, rechazó el pedido. Pero otro juez lo apoyó, y Fanny descubrió que no era imposible pedirle información a una empresa privada si brinda un servicio público. La ley lo ampara en ciertos casos. Haciendo equipo  con De la Cruz, empezó a pedir a un conjunto de compañías información de cuántos reclamos habían recibido de sus usuarios. Solo ese dato concreto; ni siquiera el contenido de los reclamos.

Presentó solicitudes a quince universidades, diez institutos educativos, catorce aerolíneas, tres operadoras de  telefonía, dos empresas eléctricas.  A las universidades les pidió, además del número de reclamos, sus convenios de certificación educativa. Todas las requeridas se negaron, bajo el supuesto de una intromisión inconcebible.

Ramírez y De la Cruz entablaron recursos de hábeas data y unas pocas empresas cedieron al primer requerimiento judicial. Por ejemplo, las universidades Católica, Pacífico y Ricardo Palma. El resto se mantuvo en la posición de que la ley de acceso a la información pública no las obligaba. El siguiente escenario fue el Tribunal Constitucional. Ahora mismo, los litigantes tienen diez sentencias a favor, que obligan a Instituto de Formación Bancaria, a Luz del Sur, a las aerolíneas LAN Perú, American, Air Comet y Continental; y a las universidades Marcelino Champagnat, San Martín de Porres, Tecnológica del Perú y Norbert Wiener. Algunas de las demandadas han entregado la información, otras aducen diversos pretextos para negarse o demorar el cumplimiento de las sentencias.

La victoria de Fanny Ramírez abre la puerta a insospechadas posibilidades para que las empresas rindan cuenta de determinados aspectos de los servicios públicos que ofrecen. A Ramírez le ha proporcionado material para su tesis de grado y a De la Cruz casuística para un libro. Pero en el Perú no todos están contentos con el ejercicio del derecho. Si bien los casos de Camacho y Ramírez conocieron el éxito, fueron historias de un  largo enfrentamiento, ejemplares pero que el resto de ciudadanos no debería asumir.

INFORME DEFENSORIAL

Un informe de la Defensoría del Pueblo por los diez años de la ley de transparencia ofrece  cifras contundentes de la problemática. Las inspecciones revelaron que los funcionarios responsables están en otras tareas. La Defensoría recibió 6,714 en el período, principalmente por retrasos y cobros indebidos.  Los municipios son las entidades públicas más quejadas, y a continuación las del sector Educación y Salud.  Hay interés fiscalizador: la gente quiere saber sobre presupuestos y adquisiciones.  Pero el informe  también dice que a más pobreza menos quejas.

El sistema no está hecho para los pobres. ¿Quién va a gastar el tiempo de abuelo de Hugo Camacho, y el universitario de Fanny Ramírez? ¿Qué pobre inicia un litigio de tres años hasta el Tribunal Constitucional? Mientras el Poder Judicial no sea cambiado por otro dirimente, una autoridad autónoma como en México y Chile, la transparencia peruana seguirá siendo retórica.  Entre las medidas anunciadas por el Premier Villanueva para luchar contra la corrupción, no aparece una sola para resolver este problema crucial. 

FUENTE: http://www.larepublica.pe/10-12-2013/estrellas-del-valor-de-la-verdad

NELSON MANDELA, PARADIGMA DE JUSTICIA Y LIBERTAD

Paradigma de justicia y libertad, vive en el corazón y la conciencia de la humanidad por su consecuencia para ser más humana la vida.

Venció al racismo, soportó 27 años de cárcel dignamente, haciendo trabajos forzados en una cantera de cal para hacer la vida llevadera, nunca sucumbió a las dádivas que ofrecía el gobierno a cambio de su libertad y que su organización renunciara a la lucha y él aceptara vivir en un pueblo de Apartheid (sistema de ghetto en que aislaban a los negros).

Mandela rechazó la oferta mediante un comunicado difundida por su hija Zindzi en el que sostenía: ¿Qué libertad se me ofrece, mientras sigue prohibida la organización del pueblo? Solo los hombres libres pueden negociar. Un preso no puede entrar en los contratos.

Muy joven ingresó al Congreso Nacional Africano, organización que asumía el socialismo al estilo africano que luchaba contra el racismo y el imperialismo y proponía crear un Estado multirracial igualitario y democrático. Esta propuesta fue respondida por los gobernantes con una fiereza que cerró todos los espacios democráticos, lo que conllevó al Consejo Nacional Africano a tomar el camino de formar un movimiento guerrillero para defender la igualdad racial y la libertad.

Demostró al mundo que la venganza no es el camino; la reconciliación con los enemigos y los adversarios es en base a la justicia.

Liberado por la lucha multitudinaria del pueblo y la solidaridad internacional de todos los hombres y mujeres del mundo que compartían la misma causa; luego fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica. 

Fue un gobernante limpio y humilde, el 50% de su sueldo lo destinaba a la fundación para curar a los niños de bajos recursos y no como ahora que muchos gobernantes se hacen ricos a costa del Estado.

¡Aquí estamos!

Respuesta de Marisa Glave a Antonio Zapata

"Leí a Antonio Zapata, y discrepo, no porque una apreciación externa del proceso del Frente Amplio como esa no pueda existir, sino porque está escrita desde alguien que estando afuera del proceso de construcción cree saber qué es lo que está realmente ocurriendo"

Marisa Glave

lugares del país se vienen gestando. Esto es algo que los partidos de la derecha no hacen, no lo necesitan. Tienen muy claro su modelo de exclusión y saben al servicio de quien están. Construir un país justo requiere debate crítico no sumisión, y eso es un proceso que requiere tiempo

Tercero, que en la negativa de varios (no sólo unos) de hacer una alianza con el partido humanista pesó el pasado más que una visión de futuro. Te equivocas. Varios de los que nos opusimos lo hicimos precisamente pensando en el futuro. En que la izquierda que vamos a construir no sea un simple reciclaje de todo. Yehude no sólo fue el premier del Baguazo, fue alguien que pasó de la izquierda radical, al centro progresista, a la defensa de la versión neoliberal de Alan García y luego a sumarse a las filas de PPK, uno de los principales lobistas de la historia del país. ¿Eso te parece renovador? ¿Mínimamente ético? A mí no, y lo que me alegra, es que en la asamblea en la que decidimos no hacer esta alianza, quienes gritaron su oposición no fueron “las cúpulas” que la verdad estaban muy tranquilas con esta posibilidad, sino la gente joven de los partidos y los que no siendo de los partidos se sintieron convocados como ciudadanos a opinar sobre el camino a seguir. Aún recuerdo una posible definición ambigua de la mesa que conducía esa asamblea – donde también había un representante de mi partido – y frente a la cual la juventud reaccionó amargamente. Recuerdo a una chica muy joven, que fue candidata en la lista de regidores de estas últimas elecciones, subida en una silla, exigiendo acuerdos claros y que “la cúpula” respete a las bases. La verdad Tony, yo prefiero respetarla a ella y la renovación que representa.

Hay riesgos en la construcción del frente. Varios. Algunos internos y que pueden terminar estallando el proceso, sí. Y que debemos estar atentos, sí. Un reto grande es mantener el proceso unitario pese a las diferencias y eso se logra precisamente con acuerdos programáticos claros. Otro es definir la estrategia electoral, donde pensemos ¿qué queremos lograr, ganar por ganar? ¿Iniciar un proceso de construcción de un referente nacional? ¿Cómo lo haremos? ¿Sólo la izquierda? ¿Nos aliaremos con el centro? ¿Querrá el centro? ¿Querremos nosotros? ¿En qué condiciones? Son preguntas que deberemos responder, no desde las cúpulas, insisto, sino desde un debate con la militancia. Y las decisiones de fondo, desde las estrategias de alianza hasta quienes serán nuestros candidatos deberán pasar por el principio de UN MILITANTE UN VOTO. Hay quienes, hoy en las cúpulas de los partidos de izquierda, no están del todo cómodos con aplicar este principio, pese a que lo repiten hasta el cansancio. Pero estará en la terquedad de las nuevas generaciones que exijamos que se cumplan.

Quiero recordarte, a ti y a quienes leen estas líneas, que el FA se lanza como iniciativa en junio de este año. No hemos cumplido ni 6 meses de iniciar el trabajo. Las exigencias que varios nos piden, están cargadas del peso de la historia pues parecen creer que la “Izquierda Unida” de los ochenta ha revivido. No es así. Esa izquierda murió. Y ahora nace otra, donde estamos varios que menos mal nunca estuvimos en Huampaní, ni en ninguna otra mítica reunión de esa IU. Que recoge mucho de lo que se vivió, por supuesto, pero que tiene un nuevo proceso y que espera que sea medida por lo que ahora empezamos a hacer. Somos continuidad, pero somos también ruptura.

Sería interesante que empezáramos a preguntarnos ¿por qué le molesta a tantos y en particular a los opinólogos que la izquierda intente juntarse? Insisto, en este proceso llevamos apenas seis meses y seguiremos trabajando.

Como diría Vallejo,

Otro poco de calma, camarada;

un mucho inmenso, septentrional, completo,

feroz, de calma chica,

al servicio menor de cada triunfo

y en la audaz servidumbre del fracaso.

FUENTE: http://tierraylibertad.lamula.pe/2013/12/04/aqui-estamos/comunicaciones.tyl/

Pedofilia y silencio remecen la Iglesia

Exobispo Gabino Miranda Melgarejo, expulsado de la Iglesia por el Papa Francisco.

La prensa no solo destapó abusos sexuales contra menores, sino también el silencio de autoridades eclesiásticas. La intervención del papa Francisco expulsando al obispo Gabino Miranda Melgarejo, cercano al cardenal Juan Luis Cipriani, fue la punta del iceberg.

Dos casos de abuso sexual de menores perpetrados por un obispo y un sacerdote remecieron la Iglesia católica las últimas semanas. Lo grave es que en las altas esferas de la Iglesia peruana se guardó mutismo sobre estos casos, dejando en evidencia que algo se descompone debajo de las sotanas.

CASO UNO

El caso más reciente es la denuncia contra el sacerdote Luis Alejandro Bazalar García, de Ayacucho, quien es acusado de ser el autor de la violación sexual de un exseminarista de 17 años que se formaba en el Seminario Conciliar San Cristóbal de Huamanga.

Después de estar desaparecido todo un fin de semana retornó a su casa señalando que había estado con el sacerdote Luis Bazalar. La familia ya había visto algunas escenas por demás extrañas entre ambos y decidió llevar al menor al médico legista. Tras los exámenes respectivos, el médico confirmó que el exseminarista había sido violado.

Magaly de la Cruz Roca, tía de la víctima y quien interpuso la denuncia, relató que al descubrirse los hechos Bazalar García fue a la casa del menor e intentó llevárselo en un taxi, lo que tuvo que ser impedido por la familia.

Al respecto, el arzobispo de Ayacucho, monseñor Salvador Piñeiro, mediante un comunicado, señaló que ante la gravedad de la denuncia y cautelando la dignidad de las personas inmersas en la investigación, “hemos abierto un proceso disciplinario penal en la Curia Arzopispal al P. Luis Bazalar García suspendiéndolo de sus funciones sacerdotales hasta el final del debido proceso civil y eclesiástico”.

CASO DOS

El otro caso tiene como protagonista al obispo auxiliar de Ayacucho Gabino Miranda Melgarejo, quien fue expulsado de la Iglesia por el Vaticano acusado de haber tenido sexo con menores de edad.

Se trata de un religioso vinculado al Opus Dei y cercano al cardenal Luis Cipriani, razón por la que el escándalo fue mantenido en secreto y recién salió a la luz cuando la prensa lo hizo público y la Fiscalía de Ayacucho decidió investigar al prelado.

Tras el escándalo, el obispo emérito de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, informó que Gabino Miranda Melgarejo había sido destituido por el Vaticano por las acusaciones de pedofilia en su contra y reducido al estado laical. “Ya no es sacerdote”, informó.

Mientras el monseñor Bambarén se manifestaba señalando que el caso debía ser llevado también al Poder Judicial, el cardenal Cipriani se mantenía en silencio.

Ambos casos se encuentran ahora en manos de la justicia, sin embargo, el daño a la Iglesia ya está hecho y queda como interrogante saber cuántos otros casos existen y no se conocen.

El caso de pedofilia en el que estaba involucrado Gabino Miranda se conocía con un mes de anticipación y recién se hizo público cuando la información llegó a la prensa. ¿Por qué la Iglesia y su representante en nuestro país, Juan Luis Cipriani, guardaron silencio por tanto tiempo? y ¿por qué recién el Ministerio Público decide investigar?

OPUS DEI

Gabino Miranda Melgarejo, de 53 años, llegó a Ayacucho junto con el cardenal Juan Luis Cipriani. Estudió en la Universidad de Navarra, en España, que pertenece al Opus Dei. En julio de 2004 fue nombrado obispo por el entonces papa Juan Pablo II.

Cuando el cardenal Cipriani se desempeñaba como obispo en Ayacucho, el hoy acusado de pedofilia trabajaba como rector del seminario mayor de esa ciudad y era el párroco de esa jurisdicción.

Gabino Miranda fue sacerdote de la Diócesis de Abancay, en la que se formó siendo allí obispo Enrique Pélach, que le ordenó sacerdote. Luego, fue párroco de la ciudad de Talavera, cuando Isidro Sala, del Opus Dei, era obispo. Sus patrocinadores siempre han sido los prelados del Opus Dei.

Pese a la evidente ligazón, la Oficina de Información del Opus Dei en el Perú dijo que Gabino Miranda no ha estado nunca incardinado en el clero de la Prelatura del Opus Dei y durante el tiempo que ejerció el sacerdocio “nadie tuvo sospechas sobre su comportamiento”.

CASO TRES

En medio de esos dos escándalos que remecieron las estructuras de la Iglesia, se informó la paternidad del obispo castrense Guillermo Abanto Guzmán, personaje cercano al cardenal Cipriani, quien lo tuvo como auxiliar de la Arquidiócesis de Lima en el 2009.

Abanto Guzmán, quien dimitió tras ser demandado por paternidad, reconoció ser el padre de una niña de dos años. 

Mientras en los casos de pedofilia el cardenal Cipriani prefería mantenerse en silencio, en el caso de la paternidad de Guzmán sí consideró oportuno manifestarse y pidió al obispo “afrontar su paternidad con hombría”. Para los especialistas no pasó desapercibido que sea duro en el caso de paternidad y no lo sea ante casos de abusos sexuales de menores.

El tema cobró más notoriedad cuando la madre de la hija del exobispo Abanto, Daniela Alexandra, confesó que Guzmán le había pedido “que abortara”. “Me lo pidió y no una, sino varias veces. Me dijo: ¿estás segura que lo quieres tener, no quieres abortar?”, manifestó.

LO DEFIENDE

Mientras la indignación crecía en la población, el cardenal Cipriani señalaba sobre el caso de Gabino que “no se debe hacer leña del árbol caído”.

La respuesta no se hizo esperar y la congresista Rosa Mavila dijo que el arzobispo de Lima debía entrar “a una refrigeradora porque se escuda en la fe y guarda absoluto silencio cuando se trata de encubrir los actos de los más cercanos a su rebaño”.

“Me da la impresión que estamos ante un Papa transformador (Francisco), que opta por las mayorías y por la renovación en la Iglesia católica frente a un cardenal que opta por encubrir”, indicó.

Mavila dijo que resulta curioso que el cardenal Juan Luis Cipriani hable de moralidad y que, por otro lado, desde la Iglesia se calle en torno al caso del exobispo auxiliar de Ayacucho.

La parlamentaria añadió que “este obispo siempre viene con su bastión de moralidad y ahora dice que ‘no hay que hacer leña del árbol caído’. Es curioso cómo el árbol caído está bien cercano al Opus Dei y es curiosa la abstención de la Iglesia de callar durante un largo periodo”.

Abogado que denunció a Gabino Miranda:

“Pidió sexo en el confesionario”

“Que un cura se dedique a tronchar -acostarse- con mozas me parece muy mal, pero que se dedique a tronchar con niños me parece mucho peor”, afirmó el abogado Francisco Fernández, quien denunció los supuestos casos de pedofilia del exobispo Gabino Miranda.

El letrado español detalló que Miranda habría pedido favores sexuales incluso en el confesionario. “Eso fue lo que me dijeron, no me especificaron número ni nombres”, dijo.

Respecto al reciente comunicado en el que Gabino Miranda niega los graves cargos, Fernández precisa: “Todos, el 95% de las personas acusadas de pedofilia, concubinato, todos lo niegan”, indicó.

Postura del Papa alimenta esperanza de que Iglesia encare una política estricta en favor de las víctimas

El peor de los abusos

Los abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes que condenan de por vida a cientos de miles de niños en el mundo, tiene como una de sus manifestaciones más escandalosas el crecimiento de la prostitución infantil y el turismo sexual con menores de edad.

La Iglesia había tipificado con anterioridad el delito de pedofilia en su legislación: “El clérigo que comete cualquier otra ofensa contra el sexto mandamiento del decálogo -reza el canon 1395 del Código Canónico-, si la ofensa fue cometida con violencias o amenazas, o públicamente con un menor de 16 años (ahora se ha extendido hasta los 18) debe ser castigado justamente, sin excluir la expulsión del estado clerical”.

Independientemente del debate que la Iglesia se debe con respecto al celibato obligatorio de los sacerdotes seculares, no guarda relación la abstinencia sexual con las atracciones pedófilas; en todo caso, un celibato vivido como frustración llevaría a depresiones o a la búsqueda de compensaciones con adultos.

Por otro lado, el tema de la homosexualidad en el ámbito religioso y sacerdotal también obliga a consideraciones muy importantes: se trata de un verdadero problema en la estructura sistémica del sacerdocio y de la jerarquía.

Sobre la crisis anímica del sacerdote, la posibilidad que tienen los clérigos de mantener relaciones meramente formales y de guardar cierta distancia clerical frente a sus feligreses y frente a otros adultos podría venirle como anillo al dedo al sacerdote inmaduro.

En el ámbito católico, la postura decisiva del papa Francisco en este campo (piénsese en el reciente caso el obispo peruano expulsado, entre otros) alimenta la esperanza de que finalmente la Iglesia encare una política estricta en favor de las víctimas y en contra de los victimarios.